El Gobierno Nacional, a través del ministerio de Medio Ambiente definió los límites del páramo de Santurban, el cuál según el nuevo trazado poseerá 42 mil hectáreas, 4 veces más grande de lo que es en la actualidad posee el Parque Regional de Santurbán. Ante el anuncio, la gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga mostraron su complacencia con esta delimitación. A su vez el gobernador de Santander Richard Aguilar, indicó que se organizarán mesas de trabajo en el marco del pacto agrario para crear proyectos productivos en la región y ofrecer nuevas alternativas a los mineros y pobladores de la zona, una de estas opciones es la figura de «sembradores del páramo» que recibirán compensaciones por el recurso del agua.
A través del contrato plan se mejorará la vía Matanza – California – Vetas, otras vías serán intervenidas con 20 mil millones y se realizaron anuncios de proyectos de vivienda para las familias que se dedicarán a la siembra en el páramo. 14 mil millones para masificación de gas en esta área
El alcalde de Tona, Francisco González, en diálogo con la cadena Blu Radio indicó que su municipio es el que resulta más afectado y esperan que las promesas hechas por el gobierno de verdad se cumplan:
«Con el diagnóstico que dio el Instituto Humboldt Tona sería el que más hectáreas le aportaría a esta línea de páramo con cerca de 18.000 hectáreas de 34.000 que tenemos, o sea, más de la mitad de nuestro territorio. Nosotros somos un municipio no minero dedicado a la agricultura, al campo, queremos que nos quiten ese estigma que toda la zona, es una zona minera. Estamos muy de acuerdo que se haga esa mesa de concertación con nuestras comunidades para que entre todos busquemos el punto neutral que no perjudique a nuestros campesinos porque realmente el agua de la región de Santurbán para el área metropolitana de Bucaramanga proviene netamente de Tona»
Con esta delimitación queda prohibida la explotación minera, son más de 10 títulos que no podrán hacer minería a gran escala, pero la minería artesanal podrá realizarse siempre y cuando esté reglamentada, legalizada y controlada. Los agricultores, mineros y demás habitantes de la región que se ven afectados con la declaratoria dialogarán en las mesas de trabajo para que sean socializadas las alternativas y tengan en cuenta sus necesidades, a pesar de estar en contra de la delimitación.
