
Informe Corporación Compromiso
Durante años, Santander fue presentado como una excepción dentro del mapa del conflicto armado colombiano. Desde el discurso institucional se consolidó la idea de un departamento seguro, estable y ajeno a las violencias que afectaban a otras regiones del país. Esta narrativa lo posicionó como un “remanso de paz”, una especie de refugio frente a la guerra.
Hoy, esa idea se desmorona.
Este análisis se construye a partir del informe del Observatorio de Paz y Derechos Humanos, desarrollado gracias al trabajo de la Corporación Compromiso, aliada de Resander, cuya labor ha sido clave para documentar, visibilizar y contrastar la realidad del territorio con los discursos oficiales.
Una calma construida desde el discurso
El relato institucional, repetido durante años, consolidó en el imaginario colectivo la idea de que Santander había logrado mantenerse al margen del conflicto. Sin embargo, esta percepción invisibilizó dinámicas emergentes de violencia y limitó la capacidad de reacción frente a nuevas amenazas.
Más que una realidad, la tranquilidad fue una narrativa.
El retorno del conflicto: nuevas dinámicas, viejas violencias
El informe evidencia que Santander ha sido progresivamente reincorporado a una nueva fase del conflicto armado. Lejos de tratarse de un regreso a las formas tradicionales de la guerra, lo que se observa es una reconfiguración de las violencias, más fragmentadas, menos visibles en algunos casos, pero profundamente arraigadas en el control territorial y económico.
Esta nueva etapa se caracteriza por:
- Presencia y expansión de grupos armados organizados
Ya no se trata únicamente de estructuras insurgentes tradicionales, sino de organizaciones con lógicas híbridas entre lo militar y lo criminal. Estos grupos buscan consolidar control en zonas estratégicas, especialmente corredores que conectan regiones clave del nororiente del país, lo que convierte a Santander en un territorio funcional para sus operaciones. - Consolidación de economías ilícitas
El conflicto actual está fuertemente ligado al control de rentas ilegales. Actividades como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y otras economías criminales no solo financian a los grupos armados, sino que también reconfiguran las relaciones sociales y económicas en los territorios. El dominio sobre estas economías implica control sobre comunidades, movilidad y vida cotidiana. - Aumento de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos
Liderazgos sociales, comunitarios y ambientales se han convertido en objetivos estratégicos. Las amenazas, hostigamientos y asesinatos buscan debilitar procesos organizativos y eliminar resistencias locales frente a intereses armados y económicos. Esto genera un efecto de silenciamiento y miedo que afecta directamente la participación ciudadana. - Incremento alarmante de feminicidios
La violencia de género se profundiza en contextos de conflicto. El informe muestra cómo los feminicidios no pueden leerse de manera aislada, sino como parte de un entramado de violencias donde las mujeres enfrentan riesgos diferenciados, tanto en espacios privados como en dinámicas territoriales atravesadas por actores armados.
En conjunto, estas dinámicas configuran un escenario complejo en el que la violencia no desapareció, sino que mutó hacia formas más difusas, menos visibles en el discurso oficial, pero igualmente —o incluso más— dañinas en la vida cotidiana de las comunidades.


