Foto: Vanguardia
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció nuevas acciones jurídicas y ciudadanas contra la decisión del Gobierno Nacional de revocar la protección ambiental establecida recientemente sobre cerca de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.
La controversia alrededor del páramo de Santurbán vuelve a intensificarse luego de que el Ministerio de Ambiente expidiera la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, mediante la cual dejó sin efecto la Resolución 0994 del 6 de agosto, que había declarado como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo un área de aproximadamente 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja.
La zona se encuentra por fuera de los límites formales del páramo, pero está ubicada en el denominado macizo de Santurbán y ha sido objeto de una larga discusión ambiental por su conexión con los sistemas hídricos de la región y por la presencia de actividades mineras.
La resolución revocada había establecido restricciones a nuevas concesiones mineras en el área, una decisión que impactaba directamente las posibilidades de desarrollo del proyecto Soto Norte, de la empresa minera canadiense Aris Mining.
¿Por qué el Gobierno revocó la protección?
El Ministerio de Ambiente sostiene que la decisión no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la protección futura de la zona ni significa, por sí misma, la autorización del proyecto minero.
Según explicó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, la Resolución 0994 fue expedida sin resolver previamente una recusación presentada contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez. Además, el Gobierno señaló que existía una decisión judicial relacionada con posibles vulneraciones de los derechos de participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.
El Ministerio asegura que, ante estas circunstancias, decidió revocar el acto administrativo y avanzar en un nuevo proceso que permita realizar una evaluación técnica y jurídica integral, con participación de los diferentes actores involucrados.
La cartera ambiental ha insistido en que el objetivo es corregir las irregularidades señaladas y garantizar que cualquier nueva decisión cuente con respaldo científico, seguridad jurídica y participación efectiva de las comunidades.
El Comité Santurbán anuncia ofensiva jurídica
La interpretación del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán es diferente.
La organización considera que la revocatoria genera un nuevo escenario de riesgo para la protección ambiental de la zona y anunció una serie de acciones jurídicas y ciudadanas para intentar frenar sus efectos.
Entre las medidas anunciadas está la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander, con el propósito de buscar la suspensión de las decisiones que, según el Comité, afectan la protección de Santurbán mientras se resuelve la controversia jurídica.
La organización también anunció una recusación contra el ministro Fabio Arjona, argumentando que algunas de sus actuaciones y declaraciones previas generarían cuestionamientos sobre su imparcialidad frente a la discusión relacionada con el proyecto Soto Norte. Esta es una posición del Comité y deberá ser evaluada por las autoridades competentes.
Asimismo, el colectivo anunció que solicitará la reapertura del proceso de participación ciudadana relacionado con las medidas de protección ambiental y puso en marcha la campaña #FirmoPorSanturbán, con la que busca sumar respaldo ciudadano a sus acciones.
La minería vuelve al centro de la discusión
La controversia no es nueva. Durante años, Santurbán ha sido escenario de una fuerte disputa entre organizaciones que defienden la protección del agua y sectores que respaldan la actividad minera bajo esquemas de formalización y regulación.
La discusión volvió a tomar fuerza desde julio, cuando Fabio Arjona, entonces ministro de Ambiente designado, habló de la posibilidad de avanzar en la delimitación del páramo, establecer zonas de aprovechamiento y formalizar la minería existente.
En ese momento, Arjona mencionó a Aris Mining como un posible referente para procesos de formalización minera y señaló que la experiencia de la compañía en Antioquia podría servir como ejemplo para Santurbán. Sus declaraciones generaron críticas de organizaciones ambientales y sectores políticos.
El Comité Santurbán ha interpretado estas declaraciones como una señal de apertura frente al proyecto Soto Norte, mientras que el Gobierno sostiene que cualquier actividad minera deberá estar sometida a los estudios ambientales y a las decisiones de las autoridades competentes.
Un ecosistema estratégico para el agua
La importancia de Santurbán trasciende la discusión sobre un proyecto minero específico.
El páramo y su área de influencia cumplen una función estratégica en la regulación y provisión de agua para numerosos municipios de Santander y Norte de Santander. La Corte Constitucional, al abordar la delimitación del páramo, ha reconocido la relación entre la protección del ecosistema, la disponibilidad del recurso hídrico y el derecho fundamental al agua.
En la Sentencia T-361 de 2017, la Corte ordenó garantizar la participación de las comunidades en el proceso de delimitación y estableció que una nueva delimitación no podía reducir el nivel de protección existente. También señaló la importancia de considerar las fuentes hídricas y aplicar el principio de precaución.
Precisamente, la participación ciudadana vuelve a ocupar un lugar central en la discusión actual.
El conflicto vuelve a las calles
Además de las acciones jurídicas, el Comité anunció que permanecerá en asamblea permanente y convocó a organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos a participar en una reunión prevista para el 2 de septiembre, en Bucaramanga, donde se discutirían las próximas acciones y las fechas de una eventual movilización regional y nacional.
De esta manera, la controversia por Santurbán entra nuevamente en una etapa de presión jurídica, política y ciudadana.
Mientras el Gobierno Nacional asegura que busca corregir problemas de procedimiento y garantizar un nuevo proceso con participación de las comunidades, el Comité para la Defensa del Agua sostiene que la revocatoria de la protección ambiental abre un escenario que debe ser enfrentado en los tribunales y mediante la movilización ciudadana.
El futuro de las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja queda así nuevamente sujeto a un proceso administrativo y jurídico, en medio de una discusión que durante más de una década ha convertido a Santurbán en uno de los principales conflictos socioambientales de Santander.
La disputa continúa: agua, protección ambiental, participación ciudadana y minería vuelven a encontrarse en el centro del debate sobre el futuro de Santurbán.
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒚 𝑫𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝑺𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆, 𝑬𝒍 𝑷𝒂𝒊́𝒔, 𝑳𝒂 𝑽𝒆𝒊𝒏𝒕𝒊𝒕𝒓𝒆́𝒔, 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒃𝒂𝒆, 𝑺𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂, 𝑽𝑨𝑵𝑮𝑼𝑨𝑹𝑫𝑰𝑨 𝒚 𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊́𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒖𝒓𝒃𝒂́𝒏.
