El 97 % de las universidades públicas de Colombia no es financieramente autosostenible y depende, en gran medida, de los recursos del Estado para su funcionamiento. Así lo revela un informe de la Contraloría General de la República, que advierte que solo una de las 34 universidades públicas del país puede operar con ingresos generados por ella misma.
El estudio sectorial, titulado “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, presenta un análisis técnico de la situación presupuestal, operativa y financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE), incorporando cifras de contexto histórico que, por primera vez, permiten una evaluación integral de la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior público.
De acuerdo con el informe, el 50,1 % de los ingresos de estas instituciones proviene de aportes nacionales, lo que evidencia una alta dependencia del presupuesto estatal. El análisis evalúa variables como ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, con el objetivo de identificar riesgos financieros, brechas estructurales y oportunidades de fortalecimiento institucional.
Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de universidades. En particular, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos del orden territorial. Esta estructura distributiva, según la Contraloría, incide negativamente en los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales.
Las diferencias también se reflejan en los ingresos por estudiante, que oscilan entre $11.426.139 en la UNAL y $525.777 en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4.512.090 durante el periodo analizado. En cuanto al gasto, las universidades de mayor tamaño concentran una proporción significativa del presupuesto total del sistema, debido a su cobertura académica y responsabilidades misionales.
El análisis de solvencia financiera muestra que el 75,8 % de las instituciones de educación superior presenta indicadores iguales o superiores a 3, lo que evidencia una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones financieras. No obstante, el 24,2 % restante registra niveles de solvencia inferiores, lo que limita su margen de maniobra financiera.
Otro de los factores de mayor presión sobre el sistema es el pasivo pensional, que alcanza los $10,3 billones en 2024. Esta carga se encuentra altamente concentrada en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y en la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que en conjunto representan el 57,8 % del total. Para la Contraloría, este pasivo desvía recursos que podrían destinarse a docencia, investigación e infraestructura.
Adicionalmente, la consulta realizada a 31 universidades públicas coincide en señalar problemáticas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el crecimiento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para incrementar los ingresos propios. Las instituciones destacan la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar las fuentes de financiación y fortalecer alianzas interinstitucionales.
En relación con el Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 y fue aprobado en cuarto debate, la Contraloría advierte diferencias frente a las proyecciones del impacto fiscal. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, el ente de control calcula un impacto de $27,8 billones para el periodo 2027-2036.
Si bien el informe reconoce avances en inversión y gestión presupuestal, concluye que persisten brechas significativas en la asignación de recursos, desigualdades en la capacidad de generación de ingresos propios y presiones estructurales que afectan la sostenibilidad financiera del sistema universitario público, lo que plantea la necesidad de revisar el modelo de financiación para garantizar mayor equidad y estabilidad a largo plazo
Fuentes: Contraloría, Portafolio, El Colombiano, Caracol Radio
