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Foto | Cámara de Comercio de Bucaramanga – Río Fonce San Gil.
El acceso al agua potable es reconocido como un derecho humano fundamental por organismos internacionales y constituye un pilar esencial para la vida, la salud pública y el desarrollo de los territorios. Sin embargo, en Colombia, la gestión de este recurso estratégico se da en medio de una figura que sigue generando debate a nivel nacional: las concesiones de agua, permisos que autorizan el uso del recurso por parte de actores públicos o privados durante largos periodos.
CARs en Colombia, créditos | CAR Cundinamarca
En el país, el agua es un bien público, pero su aprovechamiento puede ser otorgado de manera exclusiva mediante concesiones administradas por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Estos permisos, que pueden extenderse hasta por 10 años y ser prorrogados, permiten captar, conducir y utilizar el agua para distintos fines, como consumo humano, actividades productivas, agrícolas, industriales o turísticas.
El panorama en Santander
En el caso de Santander, esta responsabilidad recae en la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), autoridad ambiental encargada de administrar, vigilar y controlar el uso de los recursos naturales en el departamento. La CAS es la entidad que evalúa, otorga y hace seguimiento a las concesiones de agua dentro de su jurisdicción, así como de liquidar instrumentos como la Tasa de Utilización de Agua (TUA).
Santander es un territorio con una importante riqueza hídrica, clave para el abastecimiento de comunidades rurales y urbanas, la producción agropecuaria y el desarrollo económico. No obstante, en distintos municipios se ha abierto un debate sobre el equilibrio entre el uso privado del agua y la garantía del acceso colectivo, especialmente en contextos donde existen dificultades de abastecimiento o presión sobre las fuentes hídricas.
Agua pública, uso exclusivo
Aunque jurídicamente el agua sigue siendo un bien de todos, la concesión permite que una persona natural o jurídica tenga un uso preferente y exclusivo sobre una fuente determinada, siempre bajo las condiciones establecidas por la autoridad ambiental. Este modelo, vigente en todo el país, ha sido cuestionado por sectores sociales y ambientales que advierten posibles asimetrías en el acceso, particularmente cuando comunidades dependen de acueductos con limitaciones mientras otros actores cuentan con infraestructura privada para su aprovechamiento.
Un debate que trasciende lo local
La discusión no es exclusiva de Santander. A nivel nacional, organizaciones sociales, académicos y autoridades han señalado la necesidad de fortalecer los controles, garantizar la prioridad del consumo humano y asegurar que las concesiones no comprometan la sostenibilidad de las fuentes ni el derecho de las comunidades.
En un escenario marcado por el cambio climático, la variabilidad hídrica y el crecimiento poblacional, la gestión del agua se ha convertido en un tema estratégico para el país. El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que busca garantizar el acceso universal al agua potable para 2030, plantea desafíos importantes tanto para el Estado como para las autoridades ambientales regionales.
Un reto para el presente y el futuro
En Santander, como en el resto de Colombia, el reto está en encontrar un punto de equilibrio entre el aprovechamiento del recurso y su protección, fortaleciendo la transparencia, el seguimiento a las concesiones y la participación ciudadana en la gestión ambiental.
El agua sigue siendo un bien público esencial. La forma en que se administra hoy, desde lo nacional hasta lo territorial, será determinante para su disponibilidad, equidad y sostenibilidad en los próximos años.
Fuentes: CAR Cundinamarca, RTVC
Escrito por: Daniel Díaz Ardila
