Foto: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 27 comparecientes; 26 exintegrantes del Gaula Militar y del Gaula de la Policía de Santander, y un exagente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, por su participación en 10 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2001 y 2008, que dejaron 22 víctimas directas en el departamento.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que determinó que los comparecientes no fueron seleccionados como máximos responsables, pero sí cumplieron con los requisitos del modelo de justicia transicional restaurativa.
Renuncia a la persecución penal
La JEP concedió el beneficio de la renuncia a la persecución penal, lo que implica la extinción de la acción penal y disciplinaria. En consecuencia, los procesos en su contra serán archivados sin imposición de sanciones privativas de la libertad.
Sin embargo, la Sala verificó que los comparecientes:
- Aportaron verdad plena, detallada y verificable.
- Reconocieron su responsabilidad cuando correspondía.
- Participaron en actos restaurativos y de reparación simbólica.
- Se comprometieron con la no repetición.
En memoria de las víctimas
Como parte del ejercicio de verdad y memoria, se destacan los nombres de las víctimas de estos hechos:
- Jhon Fredy García Almeida, Luis Alfredo Sandoval Gutiérrez, José Alexander Sandoval Gutiérrez y Freddys Pontón Mesa, asesinados el 5 de julio de 2001 en Girón.
- Daniel Muñoz Cristancho y Marco Antonio Alba Castellanos, asesinados el 28 de noviembre de 2002 en Palmas del Socorro, hecho en el que sobrevivió Mauricio Marín.
- Constantino Mantilla Sánchez, asesinado el 23 de abril de 2004 en Charalá.
- Wilson Bacca Soto, Diego Fernando Bacca Angarita, Rosmiro Peña Ortega y Humberto Campos Sierra, asesinados el 27 de enero de 2006 en Girón.
- Carlos Javier Hernández Bueno, asesinado el 21 de noviembre de 2006 en Lebrija.
- Nelson Páez, Marcos Javier Quintero Niño y Marcos Quintero Rivera, asesinados el 28 de marzo de 2007 en El Playón.
- Rubén Darío Prada, Víctor Prada Báez y Raúl Méndez, asesinados el 27 de julio de 2007 en Girón.
- Vicente Blanco Monsalve, José Fernando Ospina y Yerson González Abaunza, asesinados el 4 de febrero de 2008.
- Leonardo Fabián Sarmiento Gómez, asesinado el 13 de febrero de 2003 en Valle de San José.
- Esteban Garzón Ayala, asesinado el 19 de marzo de 2003 en Palmas del Socorro.
Reconstrucción de los hechos
El análisis de la JEP estableció que estos crímenes se cometieron bajo distintas modalidades, entre ellas:
- Ejecuciones de civiles presentados falsamente como bajas en combate.
- Entrega de víctimas por grupos paramilitares para simular resultados operacionales.
- Señalamientos infundados de vínculos con grupos armados ilegales.
- Participación conjunta entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares.
En algunos casos, varios comparecientes ya contaban con condenas en la justicia ordinaria, mientras que otros tenían procesos en curso.
Compromisos con la verdad y la reparación
Durante las audiencias, los comparecientes realizaron actos públicos de reconocimiento y perdón, y asumieron compromisos de reparación simbólica, incluyendo:
- Participación en audiencias públicas en Santander.
- Acciones orientadas a restablecer el buen nombre y la dignidad de las víctimas.
Además, la JEP ordenó que los beneficiarios no podrán reincorporarse a la fuerza pública y dispuso la revocatoria de incentivos obtenidos por estas operaciones ilegítimas.
Un paso hacia la memoria y la no repetición
La Sala concluyó que los aportes realizados permitieron reconstruir los hechos con mayor profundidad que en la justicia ordinaria, contribuyendo al esclarecimiento de lo ocurrido.
Este fallo representa un avance en los procesos de verdad, justicia restaurativa y reparación, al tiempo que reafirma la importancia de dignificar a las víctimas y garantizar que hechos como estos no se repitan en el país.
