Archivo protestas | Foto: Semana
Se cumplen tres años del paro campesino que, a finales de enero de 2023, bloqueó la vía San Gil–Cabrera y dejó ver la problemática que las comunidades del corredor vial habían denunciado desde hace décadas: el deterioro de la vía y la falta de una solución definitiva a través de la pavimentación.
La movilización, que se desarrolló entre el 20 y el 28 de enero de 2023, restringió el tránsito en este importante corredor y generó alertas por el represamiento de basuras en varios municipios, debido a que por esta vía se movilizan vehículos asociados a la operación de rellenos sanitarios ubicados en la zona. La situación derivó en mesas de diálogo entre voceros comunitarios y autoridades municipales y departamentales.
El 28 de enero de 2023 se firmó un acuerdo que, según se dio a conocer en su momento, este trazaba una ruta de trabajo para atender las principales demandas de la comunidad. Entre los compromisos se incluían acciones de control, mantenimientos periódicos y la gestión de estudios y diseños como paso previo a la pavimentación del corredor, considerada la solución estructural al problema.
Sin embargo, tres años después, habitantes de veredas como El Cucharo, Ojo de Agua y Volador, en jurisdicción de San Gil, así como comunidades del municipio de Cabrera, aseguran que el avance visible en la vía es limitado. Aunque reconocen que algunos tramos han recibido mantenimiento, insisten en que estas intervenciones no resuelven el deterioro de fondo ni el impacto del tránsito constante de vehículos pesados.
La vía San Gil–Cabrera cumple un papel clave como acceso a infraestructura de disposición de residuos, lo que implica un flujo permanente de camiones compactadores. Para las comunidades, esta dinámica ha significado durante años afectaciones como polvo, ruido, mayor desgaste de la vía y riesgos ambientales, sin que se haya concretado la inversión prometida en pavimentación.
Tras el paro de 2023, desde la administración departamental se informó sobre el avance en estudios y diseños para estructurar el proyecto. En marzo de 2025, el alcalde de Cabrera y vocero comunitario durante la mesa de diálogo, Carlos Bautista, indicó que se contaba con un proyecto en fase 3 por un valor cercano a los $33.000 millones, con costos estimados por kilómetro entre $3.200 y $3.500 millones, sin incluir interventoría.
No obstante, para líderes y habitantes del sector, el principal obstáculo no estaría en la falta de estudios, sino en la asignación de recursos y en la voluntad para ejecutar la obra. Desde ejercicios de veeduría ciudadana, la comunidad señala que el corredor suma más de una decena de estudios técnicos a lo largo de los años, sin que estos se traduzcan en pavimento continuo y definitivo.
Vía San Gil–Cabrera | Foto:Vanguardia
Además de la infraestructura vial, los pobladores reclaman mayor claridad sobre las medidas de control adoptadas tras el acuerdo, como el cierre de un establecimiento señalado por la comunidad como foco de afectaciones en la zona rural. Solicitan que este tipo de acciones se comuniquen de manera transparente, especificando las autoridades responsables y los alcances de las decisiones.
Mientras tanto, el llamado de las comunidades se mantiene: que el acuerdo firmado en 2023 pase del papel a la ejecución, con cronogramas públicos, recursos asegurados y seguimiento permanente. Para los habitantes del corredor San Gil–Cabrera, la pavimentación sigue siendo una deuda histórica que impacta la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de la región.
