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La educación superior pública en Colombia da un paso decisivo tras la aprobación en el Congreso de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y liderada por el Ministerio de Educación, que busca corregir una deuda histórica con universidades e instituciones técnicas y tecnológicas estatales del país.
Durante más de 30 años, el modelo de financiación de la educación superior se mantuvo atado casi exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin responder al crecimiento de la matrícula, la ampliación de cobertura, el aumento de los costos operativos ni a las exigencias de calidad académica. Este desbalance puso a muchas instituciones al borde del colapso financiero y motivó múltiples movilizaciones del movimiento estudiantil, especialmente desde 2011 y 2018.
Con la aprobación del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, se establece un nuevo esquema de financiación que ajusta los aportes de la Nación con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, lo que permitirá una asignación de recursos más justa, realista y sostenible. Además, la reforma incluye por primera vez de manera integral a las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias, ampliando el alcance del beneficio más allá de las universidades tradicionales.
Entre los objetivos de mediano y largo plazo se encuentra el incremento progresivo de la inversión pública hasta alcanzar el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación superior pública, así como la destinación de recursos adicionales para fortalecer la infraestructura, ampliar la capacidad instalada y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones.
Los estudiantes son los principales beneficiados de esta reforma. Con mayores recursos, se espera aumentar la cobertura, garantizar la permanencia y promover la graduación, fortalecer el bienestar universitario, mejorar las condiciones académicas y cerrar brechas territoriales y sociales que han limitado el acceso a la educación superior en regiones históricamente excluidas.
El proceso de construcción de la reforma incluyó audiencias públicas en distintas regiones del país, donde participaron estudiantes, docentes, directivos y comunidades académicas. Este ejercicio de concertación permitió que el proyecto fuera aprobado con amplias mayorías en Senado y Cámara, sin votos en contra, reflejando un consenso nacional alrededor de la necesidad de fortalecer la educación pública.
Aunque la reforma aún debe ser sancionada por el presidente de la República para convertirse en ley, el Ministerio de Educación ha reiterado su compromiso de priorizar el presupuesto educativo y avanzar hacia una reforma integral que reconozca la educación como un derecho fundamental en todos sus niveles.
La reforma a la Ley 30 representa, en suma, un punto de inflexión para la educación superior pública en Colombia, al reconocer que invertir en educación es invertir en equidad, paz, desarrollo y futuro para millones de jóvenes en todo el territorio nacional.
Escrito por: Daniel Díaz Ardila
