La reforma a la Ley 30 de 1992, que busca transformar el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia, quedó a un solo debate de ser aprobada en la Cámara de Representantes. La iniciativa ya superó su trámite en la Comisión VI y solo resta la votación en plenaria para pasar a sanción presidencial.
El proyecto plantea un cambio estructural en la forma como el Estado financia a las universidades públicas y amplía, por primera vez, los beneficios presupuestales a instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales estatales. De ser aprobada, la reforma establecería un horizonte de 15 años para que el país destine el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación superior pública, acercándose al promedio de la OCDE, que se sitúa en 1,4 %. Actualmente, Colombia invierte cerca del 0,54 % del PIB, una cifra considerada insuficiente frente a las necesidades del sistema.
Nuevo modelo de cálculo presupuestal
Uno de los cambios centrales es la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, relacionados con los aportes de la Nación. Hoy, los recursos se ajustan únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que no refleja los costos reales de funcionamiento de las universidades.
La reforma propone que los giros se actualicen según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el DANE, el cual mide de manera más precisa las necesidades reales de las instituciones. El IPC solo se aplicaría cuando el ICES sea inferior a este indicador.
Inclusión de instituciones técnicas y tecnológicas
El articulado también corrige una brecha histórica al incluir como beneficiarias directas del presupuesto nacional a las instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales estatales. Actualmente, solo 18 de las 33 existentes reciben transferencias recurrentes. La reforma establece que, en su primer año de aplicación, estas entidades recibirán recursos adicionales equivalentes al 0,05 % del PIB, como base para garantizar su sostenibilidad y expansión.
Más recursos para cobertura, calidad e inclusión
Los nuevos recursos estarán orientados a ampliar el acceso, permanencia y graduación de estudiantes, reducir desigualdades territoriales y sociales, fortalecer el bienestar universitario, ampliar plantas docentes y administrativas, atender compromisos salariales y mejorar la infraestructura y la calidad educativa. El proyecto también ordena al Gobierno implementar mecanismos de eficiencia y transparencia en el uso de los fondos, sujetos a la disponibilidad presupuestal del Estado.
Contexto presupuestal y desafíos
En los últimos años, el sector ya ha registrado un aumento significativo en recursos: de 5,5 billones de pesos hace tres años se pasará a cerca de 12 billones en 2025, incluyendo gratuidad, y más de 13 billones en 2026, sin crear nuevos impuestos. Con la reforma en marcha, se estima que en 2027 el sistema reciba cerca de un billón de pesos adicionales.
Las cifras evidencian la necesidad del ajuste: entre 2000 y 2023, la matrícula en instituciones públicas creció 176 %, mientras que las transferencias nacionales solo aumentaron 62 % en términos reales. Además, la cobertura nacional se ubica en 55,38 %, lejos del promedio del 80 % de los países de la OCDE, y la oferta educativa sigue concentrada en grandes regiones del país.
Según el Gobierno y voceros del sector, la reforma busca consolidar la educación superior como un derecho efectivo, con mayor equidad, calidad y presencia regional. La decisión final quedará en manos de la plenaria de la Cámara de Representantes.
